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Publicado en Razón Pública
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Noviembre 5 de 2012]

No se va a devolver la Santamaría

El reciente comunicado de la Corte disipó dudas y puso coto a las tergiversaciones de empresarios taurinos y otros grupos de interés sobre los alcances de la Sentencia C-889 del 31 de octubre de 2012.

La Corte no ha protegido el espectáculo taurino ni ha hecho de los alcaldes meros tramitadores de permisos, restringiendo su autonomía. Por el contrario, ha ratificado el mandato de proteger a los animales que se desprende del deber constitucional de proteger el medio ambiente.

En un afán económico comprensible, aunado a las “angustias de élite”, los empresarios taurinos quisieron hacer de este pronunciamiento de la Corte un parapeto para frenar lo que parece inevitable: la decadencia de las corridas de toros por un creciente desafecto social en los últimos años y desarrollos jurisprudenciales de vanguardia.

Sin esperar a conocer el comunicado oficial del Tribunal, los taurinos salieron a decir que, con base en el fallo, las autoridades locales no tenían competencia respecto de las corridas de toros y a exigir la devolución de la Santamaría a los taurinos, que se pretenden “propietarios naturales” de un bien público, es decir, un bien que pertenece a todos los ciudadanos.

Sin embargo, el comunicado de la Corte es contundente; no sólo contradice lo que han dicho los empresarios e influyentes aficionados taurinos en medios de comunicación, sino que ratifica lo que ella misma decidió en 2010 sobre las restricciones estrictas que deben respetar aquellos espectáculos.

Se deduce que las autoridades locales no sólo estarían facultadas para suspender o no autorizar (evito el molesto “prohibir”) una corrida de toros cuando el espectáculo no se ajuste a las condiciones que establece la Sentencia C-666/10 —la primera de las cuales es “eliminar o morigerar las conductas especialmente crueles contra los animales”— sino que están obligadas a hacerlo en virtud del mandato constitucional de proteger el bienestar animal.

En efecto, lo que está en cuestión no es la legalidad de las corridas de toros —ciertamente avalada por uno de esos adefesios de nuestro ordenamiento jurídico, el Reglamento Nacional Taurino— sino las condiciones para llevarlas a cabo: la de brindar protección especial a los animales contra el sufrimiento, la de no realizar corridas en ocasiones y municipios donde no exista tradición regular, periódica e ininterrumpida, y la de no destinar dineros públicos a construir instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.

¿Cómo hacer entender a los taurinos que no se trata de prohibiciones, ataques a minorías o persecuciones por parte de un vulgo que no entiende su arte y su cultura, sino de la adecuación de un espectáculo para que sea menos brutal (aunque debería ser abolido) y del deber constitucional que tienen las autoridades locales de hacer que esto se cumpla?

Nadie les está prohibiendo su espectáculo: háganlo ajustado a estas condiciones que la Corte estimó convenientes para mitigar el maltrato y desincentivar su práctica, mientras el Congreso legisla o el pueblo se impone y damos el salto ético que nos permita comprender, como sociedad, que los animales no están para explotarlos, violentarlos ni enriquecernos.

Tantos argumentos para hacer respetar la vida

Hoy el alto Tribunal recuerda, además, que “…la práctica del toreo afecta el medio ambiente en lo que hace al mandato de protección a los animales…”. La prohibición de las corridas estaría pues amparada por el principio de rigor subsidiario, el cual faculta a las autoridades territoriales a adoptar regulaciones ambientales más estrictas que las del orden nacional.

El debate que propicia la Corte al proferir la Sentencia C-666/10 es sin duda de los más interesantes porque versa sobre el respeto a la vida en otros huesos. En el sentir de quienes defendemos el reconocimiento de derechos a los animales, la decisión quizás no fue lo suficientemente audaz como estocada final a las corridas de toros y otros espectáculos con animales que se basan en la misma lógica violenta de dominación.

Pero el sólo hecho de reconocer que los animales son seres sintientes y que es preciso establecer “un sistema jurídico que garantice su protección e integridad”, significa un avance para nuestro ordenamiento jurídico y desarrollo moral como sociedad.

“El ejercicio del toreo –dice la Corte– no es expresión de un derecho fundamental, así que sus restricciones no deben entenderse como limitaciones de derechos constitucionales”.

Llegará el día en que esta actividad sea la violación de un derecho fundamental: el de los animales a gozar de una vida libre de crueldad.

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