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En cualquier momento la Corte Constitucional hará pública su decisión sobre la tutela taurina seleccionada para revisión en febrero de este año. El Consejo de Estado, mediante Providencia, le da una estocada a las corridas de toros y enarbola la defensa de los derechos animales. Jurisprudencia que debería profundizar y hacer valer el alto tribunal constitucional.

Del Estatuto Nacional de Protección Animal (Ley 84 de 1989) que rige en Colombia, lo único que funciona son sus excepciones: el artículo 7º, mediante el cual se excluyen las corridas de toros, riñas de gallos y otros espectáculos de las 26 conductas consideradas crueles con los animales. Lo demás, son sanciones a contravenciones que no superan los 50 mil pesos y un sinfín de consideraciones sobre cómo explotar a los animales sin excesos. El debate sobre la penalización del maltrato animal, continúa empantanado.

A esta ley han hecho referencia el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en varias ocasiones. Ésta última, en sentencias de tutela y constitucionalidad que resuelven temas relevantes relacionados con la existencia de los animales domésticos en la vida cotidiana de las personas. En ellas, la Corte reconoce vínculos de afecto entre humanos y animales y el buen ejercicio de su tenencia como expresión de derechos fundamentales.

La polémica surgió con la célebre sentencia C-666 de 2010, referida precisamente a las excepciones del Estatuto, donde la Corte Constitucional dio un paso adelante en un tema de debates históricos: los toros (galleros y otros artistas, ni se han dado por enterados). En esta sentencia, la Corte se abocó por primera vez a resolver un conflicto entre el derecho a la cultura y el deber del Estado de garantizar a los animales “especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre”, concluyendo:

  • Primero, que existe un déficit de protección animal en la Ley 84 de 1989, deuda histórica con los animales que el Congreso debe subsanar según el principio de “seres vivos sintientes”.
  • Segundo, que si bien las corridas de toros y los otros espectáculos crueles con animales se pueden mantener –en virtud del derecho a la cultura y, en el caso de los toros, la barbarie reglamentada con la Ley 916 de 2004 que terminó regulando una práctica privada– han de hacerse de manera condicionada en aras de procurarle a los animales “protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades.”
  • Tercero, que aunque “la disposición acusada [el artículo 7º] permite excepcionalmente el maltrato animal en el desarrollo de ciertas manifestaciones culturales (…), no limita la potestad reguladora en cabeza de las autoridades administrativas municipales. Por lo tanto, estas pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción”. Este punto, sin embargo, parece haber desaparecido cuando se habla de la 666. Curiosamente, la misma Corte profirió luego la Sentencia C-889 de 2012 que resta autonomía a los alcaldes, como si de su “error” se hubiese percatado, ocasionando una tremenda desorientación que en su momento pedimos resolver, mediante jurisprudencia clarificadora.

Con este río revuelto, los taurinos aprovechan y enarbolan el sofisma de que la Corte protegió las corridas de toros, pero nada dicen, de cómo cumplirán la primera de las condiciones ordenadas por la H. Corte Constitucional para realizar su violento espectáculo, a saber: eliminar o morigerar las conductas especialmente crueles contra los animales.

Hoy, sin embargo, una nueva providencia, esta vez del Consejo de Estado, engrandece la discusión. Hace pocos días conocimos la noticia de que el mismo tribunal falló el sonado caso de las numerosas ilegalidades y faltas éticas cometidas por Manuel E. Patarroyo en sus investigaciones con primates, optando por la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y los derechos de los animales y el ambiente.

Ciertamente, en esta Sentencia el magistrado Enrique Gil abandera una línea jurisprudencial progresista en materia de reconocimiento de derechos a los animales, en tanto sujetos que tienen dignidad y valor en sí mismos. A este respecto, “la Sala destaca la incongruencia que se ha generado en la actualidad, ya que, desde un ángulo se protege a los animales que son empleados en los circos, así como se prohíben las peleas de perros, pero, del otro, se permite y protegen –tanto legislativa como judicialmente– actividades en las que la única finalidad consiste en someter a tratos crueles y degradantes a los animales que son obligados a participar en esas actividades” (v.gr. las corridas de toros).

Yendo más allá, el Consejo de Estado considera que “es necesario que la humanidad cambie de paradigma en su visión con los animales, de tal forma que al igual que hoy no es permitida la esclavitud, el racismo, las olimpiadas en el imponente Coliseo Romano, etc., tampoco se permita someter a los animales –seres con sistemas nerviosos altamente desarrollados, similares en muchos eventos al de los humanos– a espectáculos en los que el humano satisface sus necesidades más primarias” (v.gr. las corridas de toros). 

La aspiración que finalmente plantea la Sentencia, es que sea “inconstitucional e ilegal una actividad circense como aquella en la que se somete al maltrato, a la crueldad y a la humillación al animal.”.

Dos años atrás (23 de mayo de 2012), el mismo tribunal había ya considerado, mediante sentencia del mismo magistrado, el “principio de dignidad” implícito en los animales que haría que toda institución jurídica tuviera en cuenta que son susceptibles de ser titulares de derechos.

Bien sabemos que la tutela que ha de fallar la Corte Constitucional versará sobre la libertad de expresión. Pero en esa discusión, tal como lo hizo el Consejo de Estado, la Corte habrá de afrontar, una vez más, el actual debate ético sobre el derecho de los animales y ponderarlo con el derecho que reclaman los taurinos a expresarse libremente (de manera violenta sobre el cuerpo y la existencia de un ser sintiente).

Hoy el Consejo de Estado pone en jaque a la Corte mediante una profunda estocada ética: si se puede hacer jurisprudencia a favor de los seres sintientes, no racionales, a pesar de los intereses de los poderosos. Patarroyo y Corporación Taurina, hasta hoy fueron intocables.

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