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Publicada en Razón Pública
[Septiembre 08 de 2014]

Consulta versus fallo

Con su reciente decisión de ordenar el regreso de las corridas de toros a Bogotá, la Corte Constitucional le falló a los toros y dio dos pasos atrás con respecto a su Sentencia de 2010 sobre el mismo tema.

La ponencia fue elaborada por un taurino confeso, el magistrado Mauricio González Cuervo, y en su fallo la Corte aboga por los intereses de quienes ven un buen negocio en las corridas de toros, pero va en contra de los animales y de quienes defendemos su derecho a vivir y morir en paz.

Este nuevo episodio, en una batalla jurídica de más de cuatro años, plantea la oportunidad de trasladar el debate a la esfera política y someter la decisión final al mecanismo de una consulta popular.

Las sentencias anteriores

Si algo se debe reconocer a las altas cortes colombianas es el activismo que casi siempre han ejercido en defensa del Estado Social de Derecho a partir de la interpretación de los principios constitucionales.

Atentos al litigio sobre los temas de actualidad y a los reclamos de los movimientos sociales, los jueces han respondido a circunstancias de bloqueo institucional en diversos temas que definen la agenda del llamado “neoconstitucionalismo progresista” en América Latina. El caso de los animales y su derecho a la protección especial por parte del Estado no ha sido la excepción.

En los últimos cinco años, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han proferido sentencias que reconocen a los animales su condición de seres sintientes –tesis contraria a la del Código Civil que los define como bienes muebles– derivando de ello consecuencias prácticas e imperativas.

La Corte Constitucional hizo un llamado a modificar la actividad taurina mediante la “eliminación o morigeración de las conductas especialmente crueles contra los animales”. El Consejo de Estado anuló el acto administrativo que autorizaba a Manuel Elkin Patarroyo a cazar y experimentar en primates a su antojo. En esta sentencia, el tribunal no dudó en apelar al “derecho de los micos de la especie aotus vociferans”.

Aunque aún en Colombia los animales no tengan derechos básicos –a la vida, a la dignidad, a la libertad, a no ser torturados y a no ser considerados propiedad– si queda claro que hoy en nuestro país el uso de los animales está altamente condicionado en virtud de su capacidad de sentencia.

La hora de la consulta

Esta nueva sentencia de la Corte podría llevar a las corridas de toros a batallas jurídicas interminables en la dinámica infructuosa de quién tiene la razón.

Además, las circunstancias recientes han volcado al movimiento animalista a una tremenda politización, creándoles a algunos activistas la falsa ilusión de que la defensa de los animales es un tema de partidos políticos y gobernantes.

Sin embargo, quizás fue previendo estancamientos estructurales y desarmonías entre el lento y a veces no tan representativo ejercicio legislativo, por una parte, y las exigencias ciudadanas de transformación social y cultural, por otra, que la Constitución de 1991 fue generosa al consagrar mecanismos para que el pueblo ejerza su soberanía.

Uno de estos mecanismos es la Consulta Popular. La Ley 134 de 1994 la define como “la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.

Pregunto entonces, si no le habrá llegado al movimiento por los derechos animales el momento de considerar seriamente superar la discusión legalista y dirimir en lo político, con el constituyente primario, si los bogotanos y las bogotanas queremos o no que sigan existiendo corridas de toros en nuestra ciudad.

Los resultados de los sondeos de opinión son contundentes: más del 92 por ciento de los capitalinos rechaza la corridas de toros por considerarlas espectáculos crueles con animales. Otros no dudamos en hablar de barbarie.

Los desafíos de la consulta

Aunque la consulta popular tiene un complejo trámite político (Concejo de Bogotá) y jurídico (Tribunal Contencioso Administrativo) donde inciden sobre todo las fuerzas partidistas, no cabe duda de que se trata de un mecanismo de deliberación y movilización que robustecería la democracia local.

Las grandes batallas radicarían en lograr que los concejales atiendan el llamado de aquel 92 por ciento que desaprueba las corridas de toros, y en desmontar los argumentos retardatarios de una Procuraduría que no ha dudado en calificar las corridas de toros corridas como “expresiones culturales y artísticas de Colombia [que], desde tiempos inmemoriales, han contribuido a la convivencia pacífica de las sociedades (…)”.

El desafío sería llevar a las urnas a no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral y obtener la mitad más uno de los sufragios válidos. Es de esperar que el alcalde Petro sea un defensor de la consulta.

Cuando el movimiento estudiantil de 1990 propuso incluir un séptimo voto para convocar a una Asamble a Nacional Constituyente, la Corte Suprema quizás no imaginó que pocos meses después validaría la voluntad popular expresada en las urnas en marzo de ese año. Tal fue el origen de la Constitución de 1991 y una expresión de la democracia participativa que produjo una revolución política en Colombia.

Hoy el movimiento por los derechos animales ha logrado poner sobre la mesa un tema que parecía poco importante en medio de los conflictos que padecen millones de colombianos. Quizás porque la barbarie ya ha hecho demasiado daño en Colombia, cada vez son más las personas que se sintonizan, desde una visión compasiva o de justicia, con el sufrimiento de otros seres sintientes, y entienden que la violencia ejercida en su contra mina nuestra condición humana y aleja la posibilidad de construir una sociedad en paz.

Además, las corridas de toros escenifican el ejercicio brutal del poder contra animales considerados inferiores por parte de una élite que aún en nuestros días tampoco ha dudado en socavar los derechos humanos.

Como ciudadana, por supuesto acato la sentencia de la Corte Constitucional; pero lejos de esperar a que sean los jueces, las corporaciones o los alcaldes municipales quienes reconozcan el pleno derecho de los animales a vivir y morir sin sufrimiento causado por el ser humano, insistiré en que sea la voluntad de los ciudadanos la que impulse y haga valer una de las transformaciones éticas y culturales más urgentes de este siglo.

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