Home

tigre

Publicada en El Tiempo
[Septiembre 14 de 2014]

Con su reciente fallo, la Corte sentenció a los toros a las prerrogativas concedidas a la Corporación Taurina y su particular manera de entender la libertad artística, no obstante haberles reconocido, en 2010, el derecho a no ser masacrados.

Tres argumentos de la sentencia, en su versión de comunicado de prensa, no dejan de inquietar a quienes aún creemos en la dignidad constitucional de la Corte y en el peso de la jurisprudencia que ésta sienta con sus decisiones.

Restricciones a la autonomía local

En una burda y amañada contradicción, la Corte pasó de reconocerle competencias a las autoridades administrativas municipales en la autorización de las actividades taurinas (Sentencia C-666/10) a darles el rango de “firmonas” de los espectáculos de la Corporación (Sentencia T-296/13, recién salida pero con fecha de 2013).

Tras haber ratificado una potestad reguladora en cabeza de las alcaldías con respecto a los requisitos que deben cumplir las corridas de toros –empezando por el de “eliminar o morigerar las conductas especialmente crueles contra los animales”– y señalando que aquellas “… pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción”, la Corte pasó a afirmar que las alcaldías municipales no pueden “impedir la realización de espectáculos taurinos…”. Una de dos: o lo dicho por la Corte no tiene validez ni para ella misma, o sus magistrados van recortando autonomía a las autoridades territoriales conforme conviene a las circunstancias (o a sus intereses).

Patrocino estatal a actividades lucrativas

Carece de todo soporte normativo la tesis de que el Estado deba suministrar espacios específicos y permanentes a una actividad privada y lucrativa; o que lo haga para unas y no para todas.

¿De dónde saca la Corte la orden de “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos”? Seguramente del adefesio del reglamento taurino que convirtió en ley una actividad privada. Y si a esto le sumamos la afirmación de que la Corporación Taurina es la que garantiza “… la expresión artística y cultural [de las corridas de toros]… como organizador del espectáculo y responsable del mismo ante el público”, el resultado es una actividad privada con destinación de bien público y contratante permanente.

Impedimento

Si bien el decreto 2067 de 1991 no abre la posibilidad de recusar directamente a un magistrado, tampoco suprime el principio de imparcialidad que debe regir la actividad judicial. No deja de sorprender entonces que Mauricio González Cuervo, el magistrado que más ha presentado impedimentos en la Corte y adoptado una posición estricta sobre el principio de imparcialidad, no se haya declarado impedido como ponente en este caso, a pesar de haberse hecho pública una grabación en la que manifiesta su afecto por la actividad taurina.

Y si ello no le bastaba, quizás si debió sugerirle algo su relación con el apoderado de la Corporación Taurina en la tutela, el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, figura clave en su llegada a la Corte.

Unificar las sentencias C-666/10, C-889/12 y T -296/13 debería ser la siguiente acción de la Corte en este tema para dejar de dar un fallo adelante y dos atrás.

Anuncios