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Publicada en Publimetro Colombia
[Junio 10 de 2015]

Por estos días hay esperanzas en un proyecto de ley que busca penalizar conductas de maltrato animal. Catorce iniciativas similares fueron presentadas desde 2002, pero ninguna avanzó en cámara o senado. El proyecto 087, en cambio, debe surtir tan sólo dos debates más en el senado para convertirse en ley. La deuda histórica del Congreso con los animales podría empezar a subsanarse con su aprobación. Darle luz verde sería un primer abono.

La iniciativa recoge un sentimiento punitivista acrecentado por la indignación y la falta de mecanismos legales para atajar los casos de violencia contra animales que se registran a diario en el país. Tipificar algunas conductas como sancionables penalmente, establecer circunstancias de agravación punitiva como el abuso sexual de animales, facultar a la policía para que rescate preventivamente a cualquier animal víctima de maltrato, e imponer pena privativa de la libertad y multas significativas, son medidas que no dan espera. Y en ellas radica la principal fortaleza del proyecto.
Sin embargo, hay cuatro aspectos que deberían ser revisados por su autor: dos de procedimiento y dos de competencias.

Sobre el primero, el proyecto propone fijar un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Pese a ello, no queda clara cuál es la propuesta diferencial con respecto a la inaplicable ley 84 de 1989 que no ha dejado sino impunidad y desesperanza frente a la justicia.

El segundo se refiere al destino de los dineros recaudados por concepto de multas. El proyecto contempla que éstos sean entregados a las Juntas Defensoras de Animales, pero si bien la Ley 5 de 1972 contempla una Junta por municipio, a la fecha no existen más de quince en el país. Además, son figuras obsoletas en sus funciones y conformación.

Pero los aspectos más problemáticos son los que se refieren a las responsabilidades que les asigna a las entidades protectoras de animales. Por una parte, el proyecto contempla que los animales rescatados sean entregados a las protectoras, es decir, a entidades privadas. Por otra, que sean ellas las que hagan el cobro de los gastos de sostenimiento de los animales a los delincuentes. Una propuesta que, además de irresponsable, nos dejaría encartados con una ley insostenible.

Quienes conocen el funcionamiento de las entidades protectoras de animales con refugio, sabrán que para llegar a fin de mes se hacen malabares y que hay animales hasta el techo. Además ¿imaginan a sus directoras persiguiendo a delincuentes para que les den lo de la comida del perro o el gato que solían golpear, violar o mantener amarrado? Y como el proyecto incluye a todos los animales, como debe ser, también podrían llegar un burro, una gallina o una vaca.

Son aspectos que aún se pueden corregir para que ésta sea una buena ley, no se nos convierta en un problema, ni termine dormitando junto a la ley 84 de 1989. Pero estos ajustes pasan por el deber de dar la pelea para que el Estado asuma su responsabilidad. Es allí donde donde radica el compromiso parlamentario, porque los animales se defienden con plata y con hechos.

Finalmente, el proyecto habla de “maltrato injustificado”. Asumo que es cuestión de borrar la segunda palabra. Ningún maltrato es justificable.

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