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Publicada en Publimetro Colombia
[Agosto 19 de 2015]

El 5 de marzo de este año el Concejo Municipal de Chicago aprobó una ordenanza que prohíbe el comercio de perros, gatos y conejos en “tiendas de mascotas”, y ordena que los animales allí tenidos provengan de albergues o refugios y sean para adopción.

Los propósitos de esta ley, con 49 votos a favor y 1 en contra, son apenas obvios: fomentar la adopción de animales, apoyar la ingente labor de sus protectores, desestimular el miserable negocio de la compra y venta de las “fábricas de cachorros”, disminuir los abandonos, comprometer en serio al Estado en un ejercicio de protección (que suena a derechos), y atender el reclamo de una ciudadanía cuya ética en este tema avanza en rápido progreso.

La decisión, además de justa y compasiva, es inteligente. ¿Por qué no actuar con determinación política ante una situación que genera costos económicos para el Estado, afecta la convivencia, siembra entre los ciudadanos desconfianza y desafecto por las instituciones y socaba el interés general? Decisiones como ésta son las que deberían tomar quienes hacen las normas en Colombia, sin miedos populistas ni contemplaciones con los intereses económicos de unos pocos que arropan su obstinación con retórica de derechos.

Así se hizo con los carreteros de la tracción animal. De igual modo debería procederse con quienes venden animales vivos en tiendas y plazas de mercado: prohibiendo y generando alternativas de emprendimiento. Por eso el ejemplo de los carreteros es oportuno. A ellos no se los dejó a sus suerte; todo lo contrario, se dignificó su labor y su existencia en un ejercicio de inclusión social.

En Barcelona se procedió ante la misma situación de maltrato mediante una reforma de “bienestar” animal que le puso a los comerciantes de La Rambla condiciones casi imposible de cumplir. Pero fue tal el rigor del gobierno en el cumplimiento de la norma, que al final los vendedores optaron por acogerse a un plan de alternatividad comercial.

En Bogotá llevamos más de dos años patinando con un bendito acuerdo (el 509 de 2012) que “promueve acciones responsable para la comercialización de pequeños animales domésticos de compañía”, y que en su momento pareció un avance. Pero si ya está claro que no hay institucionalidad ni voluntad para implementarlo y la experiencia de sustitución de malas prácticas ¿porque insistir en regular un escenario de maltrato y conflicto social que perfectamente podría ser eliminado? El comercio de animales vivos es uno de esos frentes en los que reformistas y defensores de derechos podríamos estar de acuerdo en que más que jaulas grandes, queremos (y podemos) jaulas vacías.

De nuevo, y como siempre, la cuestión es voluntad política. Necesitamos concejales y congresistas que no ondeen sus convicciones al vaivén del populismo o escondan sus intereses en discursos de derechos y de falta de competencias. Políticos decentes, dispuestos a agenciar procesos de cambio social y a la altura de una ciudadanía cada vez más exigente y educada en materia de protección animal.

La ordenanza de Chicago no llegó a prohibir la venta de animales por internet. Pero caminar entre las calles de “la ciudad del viento” y no ver en las vitrinas caritas suplicantes, debe ser todo un placer.

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