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lagarto

Publicada en Publimetro Colombia
[Agosto 26 de 2015]

Basta echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de que los ánimos están caldeados y la tolerancia al maltrato animal va llegando a su límite. Indignación ya no es más la palabra adecuada para describir el sentimiento de los colombianos ante hechos tan atroces como el ahorcamiento de Dominic en Pitalito, el asesinato de Príncipe en Bogotá, la golpiza propiciada a un perro en Cali, o la quema de un gatico (negro) en Cartagena. Lo que sentimos hoy es rabia y hastío. La decencia y la paciencia se agotan.

Estos hechos han sido probados. Todos quedaron registrados como lo fueron la masacre del toro en Turbaco y el descuartizamiento del caballo en Sucre. Sin embargo, la justicia aún no asoma las narices. Con su indolencia y falta de imaginación para al menos intentar hacer algo, buscar la manera de operar con la débil ley de protección animal, enviar un mensaje de confianza en las instituciones o hacer semblanza de eficiencia, la justicia nos sigue dejando solos, enfrentados a la realidad de saber quiénes fueron los torturadores, con las imágenes que circulan una y otra vez en los medios, con nuestro dolor y nuestra ira.

Y entre tanto, continúan presentándose a diario casos de violencia contra animales sin nombre: los no registrados, los que no circulan en las redes, los no denunciados por los medios; en fin, los de todos los días. Y nosotros seguimos aferrados a la insulsa e inaplicable ley de 1989, con la resignación del que sabe que legalmente no tiene más, esperando que los inspectores de policía no archiven los casos. Pienso ahora mismo en “Laica”, una perrita que está siendo abusada sexualmente en Teusaquillo, como lo demuestra un examen de laboratorio, cuyo caso sigue cerrado porque al inspector al que en mala hora se lo asignaron, la prueba no le pareció suficiente… ni siquiera para investigar.

Pero esta ineficiencia de la justicia no sería completa sin el concurso del Congreso, cuya inoperancia lo ha vuelto cómplice de la violencia contra los animales en Colombia, que ya parece endémica.

El ahorcamiento de Dominic estuvo a punto de convertirse en linchamiento, como otros casos. Me atrevería a pronosticar que, de no haber una ley pronto que le de a la violencia, al maltrato y a la crueldad contra los animales el rango que se merecen en el derecho penal, con las herramientas de implementación y acceso a la justicia, empezaremos a verlos. Lo que me sorprende es que hasta ahora –que yo sepa– no hayan ocurrido. Quizás eso habla bien de los colombianos, de nuestra esperanza en la legalidad y en la función pacificadora del derecho.

Quizás sea por lo mismo que seguimos pidiendo a gritos una ley e invitando a la gente a que, pese a todo, no deje de denunciar.

En una columna del 9 de junio escribí que el congreso tenía la oportunidad de empezar a subsanar su deuda histórica con los animales mediante la aprobación del proyecto del ley 087, hoy 172. Sigo pensando lo mismo y lo apoyo, pero con los ajustes importantes que aún requiere la iniciativa.

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