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Publicada en Publimetro Colombia
[Noviembre 11 de 2015]

El derecho tiene la posibilidad de acuñar nuevos vocablos para nombrar nuevas realidades y la magia de darles fuerza de ley. También, tiene el poder de obstruir el cambio social y legalizar situaciones que puedan parecer injustas. A veces, la opinión púbica avanza a un ritmo que avasalla a quienes tienen la responsabilidad de construir las reglas que ordenan la vida en comunidad. Otras, ciudadanos y legisladores acompasan su ritmo a los nuevos tiempos para darle cabida a maneras alternativas de vivir.

Uno de los vocablos más bellos que se han producido recientemente en el empeño de varias legislaciones locales por incluir a los animales en el derecho de un modo distinto al de cosas o bienes muebles, es el de “vecinos no humanos”. Un término casi poético que expresa un sentimiento de comunidad con los animales y envuelve a humanos y no humanos en una dinámica de equidad cimentada en derechos y deberes a favor del bien común.

La categoría de vecinos o residentes no humanos fue adoptada en julio por los pobladores de Trigueros del Valle, una localidad de 300 mil habitantes de la provincia de Castilla y León de Valladolid (España), gracias a la “Declaración de Renedo”, promovida por el alcalde de la localidad, el socialista Pedro Pérez Espinosa, que “garantiza los derechos de los perros y gatos como ciudadanos”. La declaración le otorga a los animales “el derecho a coexistir junto a sus homólogos humanos” y reconoce el deber de éstos a estar también para aquellos, en virtud de la compañía y los servicios que nos han brindado (a la humanidad) durante miles de años.

La ordenanza que acoje la declaración y la convierte en ley, afirma que “todos los residentes, sean humanos o no humanos, tienen el mismo derecho a la existencia y al respeto”. Esboza principios básicos contra la crueldad, como el del artículo 9 que establece que “ningún residente no humano debe ser explotado por placer o recreación del hombre” y el del artículo 6 que establece que “el abandono de un residente no humano es un acto cruel y degradante”. También, nombra al Ayuntamiento “tutor” de los perros y los gatos, haciéndolo “responsable de evitar los abandonos y maltratos” y de acoger a los animales en situación de necesidad.

Por supuesto, la norma prohíbe cualquier acto o espectáculo “que implique la mutilación o muerte de un residente no humano”, como las corridas de toros, en conherencia con su propósito de “establecer una declaración de principios que cree una serie de derechos y deberes entre los animales y sus ahora tutores”.

Creo que el valor de este texto legal, más allá de la protección a los animales en términos revolucionarios e independientemente de las dificultades que surjan eventualmente en su implementación, es el de aportar un nuevo lenguaje jurídico y una nueva realidad para el derecho que, a su vez, surge de una nueva realidad para la gente. En otras palabras, el acuñar como norma, con su fuerza vinculante, una forma distinta de experimentar el sentimiento de conciudadanía, casi de hermandad y convivialidad, con los animales.

Que Trigueros del Valle sea un ejemplo para mundo.

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